La vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha calificado de “lamentable y vergonzosa” la decisión de Cataluña de no asistir a la sesión convocada este jueves 19 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tras la reunión, la vicepresidenta ha añadido que no caben decisiones bilaterales sobre asuntos que son de interés general y cuyas decisiones son multilaterales.
La representante de Extremadura ha planteado la necesidad de reafirmar la centralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano de debate y decisión y ha reiterado que, preservando su Estatuto autonómico, las comunidades forales también deberían asistir a la misma.
En relación con la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, la consejera ha aseverado que existe un cambio de actitud sustancial en el Gobierno central en cuanto al compromiso de trabajar ya en la reforma, bajo una misma consideración política con la que están de acuerdo todas las comunidades autónomas, de contar con más y mejor financiación.
Para concluir, la Junta de Extremadura ha votado a favor de la nueva propuesta del Gobierno de España de incrementar dos décimas el porcentaje del objetivo de déficit autonómico en la nueva senda de consolidación fiscal para los próximos tres años (2019-2021), después de que haya decidido suavizar los objetivos fijados por el Ejecutivo anterior, y ha resaltado el punto de inflexión que supone el reparto de los objetivos de déficit entre las distintas administraciones.
En la reunión se ha acordado ampliar el objetivo de déficit autonómico del 0,1% al 0,3% en 2019, tal y como había adelantado el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados, el pasado martes 17 de julio.
Además, la vicepresidenta considera muy saludable que, tras la negociación del Estado con la Unión Europea, llegue a las comunidades autónomas esa mayor facilidad para cumplir con los objetivos de estabilidad, ya que son éstas administraciones las que gestionan la Sanidad, la Educación y, en definitiva, los servicios a las personas que garantizan el cumplimiento del mandato democrático del Estado de Derecho.
