Cáceres, 1 de febrero de 2021.- La coordinadora general de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha acudido hoy a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) para presentar una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de vacunación contra la Covid 19 en la comunidad autónoma, donde varios cargos públicos se habrían vacunado sin corresponderles aún.
De Miguel, que ha señalado que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación y tráfico de influencias por saltarse el turno de vacunación, afirmó que, de ser así, “estaríamos ante un caso de corrupción, y de la peor que hay, porque se está poniendo en peligro la vida de las personas más vulnerables y de los que están luchando en primera línea contra esta enfermedad”.
En la documentación presentada a la Fiscalía del alto tribunal extremeño, Podemos recoge algunos de los supuestos saltos de turno en la vacunación como el del alcalde de Valverde del Fresno, Amalio Robledo, “que además es muy joven, tiene escasamente 26 años”; una concejala de Plasencia y la directora del SEPAD, en Badajoz, Monserrat Rincón, entre otros.
De Miguel, indicó que “nosotros no queremos criminalizar al conjunto de alcaldes y ediles de Extremadura, pero sí hacer ver que los que utilizan su puesto y su cargo para saltarse la cola de las vacunaciones debe caer la justicia contra ellos".
Podemos pide a la Fiscalía que investigue si hay responsabilidad penal en estos casos, y se sorprende que el Partido Socialista de Extremadura no haga ni diga nada, cuando este mismo partido en otras comunidades autónomas está haciendo dimitir y expedientando a los cargos públicos que se están saltando el turno de vacunación aprovechándose de su cargo.
Asimismo, Podemos ha criticado la modificación que se ha hecho sobre el texto inicial del protocolo de vacunación, eliminando la frase que hacía mención a los trabajadores en primera línea para dar cabida a otras personas que “no están en primera línea ni en riesgo de exposición elevado”.
Por ello, De Miguel ha señalado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, deben explicar cuáles han sido los motivos para cambiar un texto que se había aprobado a nivel nacional, porque las explicaciones que ha dado hasta el momento, en opinión de Podemos, no se sostienen.