Uno de los puntos más destacados que se han abordado en el pleno ordinario que ha celebrado la Diputación de Cáceres correspondiente al mes de enero es el referente a la aprobación del desarrollo de inversiones a contratar por la Diputación Provincial de Cáceres en el marco del convenio PIEM, 2019-2010 (Plan de Inversiones de Infraestructuras Eléctricas Municipales) firmado entre la Institución provincial y la Junta de Extremadura.
El portavoz del Equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, ha informado en la rueda de prensa previa al pleno que el Plan relativo al desarrollo, adaptación y mejora de la infraestructura eléctrica incluye un total de 29 localidades de la provincia de Cáceres y se llevan a pleno 16 de estos municipios que son quienes han encomendado sus respectivas obras a la Diputación. Se trata de los municipios de Acehuche, Alcuéscar, Cedillo, La Cumbre, Gargüera, Guadalupe, Madrigal de la Vera, Miajadas, Montánchez, Pinofranqueado, San Martín de Trevejo, Santibañez el Alto, El Torno, Valencia de Alcántara, Zarza de Granadilla y Zarza de Montánchez.
La inversión total en estos 16 municipios es de 822.553,63 € de los cuales la Diputación aporta 411.276,82 €, la Junta de Extremadura, 329.021,45 € y los ayuntamientos un total de 82.255 €.
El resto de los municipios beneficiarios del Plan PIEM son Villa del Rey, Casar de Cáceres, Casas de Don Gómez, Navezuelas, Valdefuentes, Carcaboso, Mata de Alcántara, Tiétar, Baños de Montemayor, Jarandilla de la Vera, Santa Ana, Navas del Madroño y Plasenzuela.
En total son 29 localidades de la provincia de Cáceres las que se benefician de dicho Plan con una inversión total de 1.625.000 € de los cuales la Diputación aportará 812.500 €; la Junta de Extremadura 650.000 € y los ayuntamientos beneficiarios un total de 162.500 €.
Una vez aprobado por el pleno se procederá a la firma de los acuerdos entre los ayuntamientos beneficiarios y la Diputación de Cáceres para el desarrollo de las actuaciones y la financiación de las mismas.
Personal: modificaciones puntuales de la RPT y Reglamento Orgánico
En materia de Personal se ha aprobado una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Ejercicio 2020. Se trata de la Jefatura del Servicio de Desarrollo Sostenible que modifica sus requisitos de desempeño, en cuanto a su Escala, abierto a Administración General, Especial y Habilitación Nacional; Jefatura de Sección de Igualdad, que modifica sus requisitos en cuanto a su titulación académica, abierto a titulaciones superior, media o grado, así como la forma de provisión a través de concurso específico de méritos en convocatoria abierta. También se incluye en este punto la Jefatura de Sección de Cultura, que se modifica en cuanto al Subgrupo y que pasa a estar abierto a A1 y A2 así como a titulaciones exigidas para su acceso, que se abre a las de superior, medio y grado. Y finalmente se incluye el puesto de Técnico de Medio Ambiente que abre su titulación académica a Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería o Ingeniería Técnica de las especialidades de Industrial, Agrónomo, Obras Públicas, Forestal, Ciencias Ambientales o titulación equivalente.
La vicepresidenta tercera y diputada de Personal, SEPEI y Parque Móvil, Isabel Ruiz, ha señalado en su intervención que “la RPT es un documento activo y vivo que necesita de modificaciones puntuales para adaptarse a las necesidades y siempre con el fin de optimizar los recursos humanos de los que dispone la Diputación para conseguir una gestión más eficiente”
Guía de Fiscalización 2020
Otro de los asuntos aprobado en la sesión plenaria ha sido el referente a la aprobación de un catálogo de los tipos de gastos y obligaciones sometidos a fiscalización e intervención limitada previa y que se concreta en el documento denominado “Guía de Fiscalización 2020”. Con esta Guía, y teniendo en cuenta el elevado número de operaciones que se generan en la Institución, se pretende racionalizar al máximo los procedimientos administrativos para hacer compatibles la celeridad en la gestión con el control de la actividad económico financiera.
También se han aprobado la prórroga del convenio de delegación con la Asamblea de Extremadura para la gestión recaudatoria de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el convenio con la Dirección General del Catastro de colaboración en materia catastral; el convenio de delegación de gestión tributaria y recaudatoria con el Ayuntamiento de Herguijuela y el convenio de colaboración para la prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre el tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial con los ayuntamientos de Miajadas y Valdefuentes.
En otro orden de cosas y en aras del principio de transparencia se ha dado cuenta en el Pleno de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación a la regulación del régimen de personal directivo de la Diputación de Cáceres recogido en su Reglamento Orgánico. Una sentencia que, como ya se ha señalado en comparecencias anteriores, no afecta a la estructura organizativa de la Diputación provincial ni a su personal directivo.
