Cáceres, 12 de marzo de 2021.- El director de la Fundación Mercedes Calle y Carlos Ballesteros, Luis Acha, muy conocido por ser un personaje habitual en la vida social y cultural de la ciudad, y fotógrafo aficionado, ha sido condenado a dos años de prisión al considerarse probado que cometió un delito continuado contra la intimidad,en su modalidad de la captación de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas, por grabar sin ropa mientras se cambiaban en un vestuario, a varias jóvenes que posaron para él como modelos en sesiones fotográficas.
El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, Rafael Estévez, señala en su sentencia que se considera probado que el condenado contactaba con jóvenes modelos a través de Facebook y les ofrecía hacerles sesiones fotográficas, que llevaba a cabo en un local de la ciudad.
Las jóvenes utilizaban un vestuario, donde se cambiaban de ropa, incluso de ropa interior, por lo que había momentos en los que estuvieron completamente desnudas. En el vestuario, el condenado había instalado una cámara, escondida entre varios enseres para no ser descubierta, con las que las grababa sin el conocimiento de éstas.
Una de las jóvenes, el 26 de octubre de 2019, se percató de la existencia de la cámara y para cerciorarse concertó una nueva cita tres días más tarde, pudiendo comprobar que la cámara estaba grabando puesto que tenía encendido el piloto rojo que indicaba estar en funcionamiento.
Tras la denuncia de la joven, que se puso en contacto con otras víctimas, la policía detuvo Acha e e incautó material fotográfico e informático donde se pudieron visionar los vídeos grabados sin el consentimiento de las jóvenes.
El juicio oral no se ha llegado a celebrar, ya que, previo a su celebración, se llegó a un acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que la sentencia es firme.
La sentencia le condena a una pena de prisión de dos años y una multa de 18 meses, con una cuota de diaria de seis euros. Cada dos cuotas de impago, se computará por un día de privación de libertad, con lo cual se vería obligado a ingresar en prisión. Además se le prohíbe comunicarse y acercarse a menos de doscientos metros a sus víctimas durante un tiempo de cuatro años. Además, tendrá que indemnizarlas con 8.000 euros, 2.000 para cada una, por daños morales.
El juzgado ha decretado la destrucción de la torre del ordenador del condenado, así como de la cámara y su tarjeta de memoria, donde se encontraban las grabaciones.
